Una mirada a la entrega de tierras
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a entrega de tierras ha sido una pieza fundamental del enfoque del Estado para abordar demandas de los pueblos indígenas desde que la Ley N° 19.253 creó la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), en 1993. En particular, se ha usado muchas veces a lo largo de los años como mecanismo para aplacar la intensidad del llamado “conflicto mapuche”, en La Araucanía, donde a pesar de ello la violencia ha ido consistentemente en aumento —al punto de que hoy los ataques son de frecuencia cotidiana—, y la región sigue mostrando serios rezagos en sus índices socioeconómicos.
Así, entre 1994 y hasta comienzos del año pasado la Conadi había adquirido algo más de 200 mil hectáreas a privados para transferirlas a comunidades indígenas, desembolsando del orden de 580 mil millones de pesos, según algunos estimados. Poco se sabe, sin embargo, sobre la efectividad real de esa política pública, pese a su larga data, aunque abunda evidencia concreta de numerosos predios improductivos o completamente abandonados, con frecuencia debido a conflictos sobre la propiedad y uso de los terrenos derivados de la propia Ley Indígena (que urge actualizar).
Es el sentido de que el Ministerio de Desarrollo Social encargara un estudio para establecer el estado actual de un grupo de 310 predios en cuatro regiones, adquiridos por la Conadi entre 2009 y 2020. En efecto, resulta imposible evaluar la efectividad de esta política pública —o de cualquier otra— sin información actualizada y recabada en terreno. Ello parece aún más necesario, incluso urgente, tratándose de la masiva entrega de tierras por casi tres décadas, sobre cuyos resultados existe un legítimo debate.
El error sería entender esta necesaria revisión —que debiera ampliarse a la totalidad de las tierras entregadas por la Conadi— como un “retroceso” en materia indígena. Al contrario, se trata de evaluar en qué medida está funcionando o no. Difícilmente podría seguir defendiéndose una política pública para la cual hay insuficientes elementos de medición.